Cinco ex policías fueron condenados por robar drogas y plata
Recibieron penas de entre once y seis años. En el momento que la sentencia quede firme irán a prisión.
El Tribunal Oral Federal de San Luis dio a conocer esta mañana las condenas para los cinco ex integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial, delegación Villa Mercedes.
El comisario Juan Carlos Acevedo fue sentenciado a 11 años; mientras que oficial principal Pablo Colautti y el inspector Guillermo Lemos recibieron 10 años.
Por su parte el oficial Williams Díaz y el auxiliar Silvio Coria recibieron seis años y 8 meses al ser considerados participes necesarios.
El veredicto del Tribunal compuesto por Gretel Diamante e integrado por los jueces federales mendocinos Roberto Naciff, del Tribunal Oral Federal 2, y Alejandro Piña, del Tribunal Oral Federal 1 también de Mendoza, se conoció en la mañana de este jueves.
La audiencia se retomó con los alegatos del abogado Gonzalo Estrada, defensor particular de Acevedo, Colautti, Lemos y Coria; y de los defensores oficiales Claudia Ibañez y Sebastián Crespo, patrocinadores de Díaz. Ninguno de los acusados de cometer “una maniobra ilegal” declaró durante el debate.
A lo largo del juicio las víctimas ratificaron las acusaciones contra los policías y contaron cada una de las situaciones que vivieron.
“Me decían que les dijera dónde estaba la droga o me iban a pegar un tiro y me iban a tirar al río”. Así declaró Franco Meliton Aguilar. Las sustancias ilegales eran las que días antes él y un cómplice le habían robado a un traficante.
Así quedó expuesto que el propósito de los policías no era entregar la droga a la Justicia, sino poder comercializarla.
Aguilar contó cuando fue interceptado por una camioneta Chevrolet C10 blanca, con vidrios polarizados, frente al club San Martín. Él estaba con un amigo (que también declaró en el juicio), y cuando lo “cachearon” le encontraron 115 gramos de cocaína.
“Los 115 gramos de cocaína se lo quedaron ellos. Me dijeron que si figuraba que me habían hallado cocaína iba a ser peor para mí”, declaró Aguilar en la primera audiencia.
La causa fue elevada a juicio por solicitud del fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, el año pasado. La investigación contra los cinco efectivos de la Unidad Regional II de Villa Mercedes es por tres casos de secuestro coactivo y uno de apremios ilegales.
Según la acusación, los hechos fueron cometidos para obligar a las víctimas a brindar información sobre dónde se encontraba guardada la droga y el dinero.
La denuncia se originó algunos días después de unos allanamientos realizados por los policías, cuando una de las víctimas, entre otras cuestiones dio a conocer “los abusos” que cometieron los efectivos.
En su requerimiento, el fiscal Rachid describió tanto el accionar ejecutado como la responsabilidad que se le atribuye a cada uno de los acusados.
Así se conoció que tres víctimas fueron privadas de su libertad por los policías de civil en Villa Mercedes y trasladadas a la Oficina de Investigaciones Criminales UR II de la Policía de la Provincia de San Luis de esa localidad.
Consta que en los dos primeros casos, participaron al menos cuatro efectivos y dos vehículos, uno de los cuales fue identificado como una camioneta Chevrolet S10 blanca doble cabina con los vidrios polarizados, adonde entre las 11:30 y las 12 fueron obligados violentamente a subir.
En el tercero intervino un Chevrolet modelo corsa ocupado por dos personas. Así se acercaron al vehículo de otra víctima y lo obligaron a que conduzca hasta Investigaciones.
De esa manera los acusados habrían exigido la información para saber dónde se guardaba la droga; lo que les permitió gestionar distintas órdenes de allanamiento ante el Juzgado de Instrucción N°3 de Villa Mercedes, “invocando al efecto y haciendo insertar falsamente un parte policial dirigido al juez y firmado por el jefe Acevedo, que en dichos lugares se encontrarían efectos personales supuestamente sustraídos el 24 de enero de 2015 a una mujer”, se detalla en la acusación.
Los ex policías, según consideró Rachid actuaron en base a "un plan criminal común y con reparto de tareas", dado que sustrajeron, retuvieron y ocultaron a tres víctimas, y aplicaron apremios ilegales a una cuarta.